Amputats Sant Jordi denuncia la desesperante espera de las personas con discapacidad para tener una valoración adecuada

• Una fila de personas ha denunciado en la Plaza Sant Jaume los retrasos existentes en España para la valoración de la discapacidad
• Amputats Sant Jordi y otras entidades de COCEMFE Barcelona han exigido acabar con las esperas de hasta 36 meses para tener la valoración y de 20 años para renovar el baremo de discapacidad
• Un total de 18 filas repartidas por España frente a edificios públicos han protestado contra esta espera y el impacto que provoca en el ejercicio de los derechos de miles de personas

Amputats Sant Jordi ha participado este martes en la Plaza Sant Jaume de Barcelona en una concentración organizada por COCEMFE Barcelona para denunciar la desesperante espera que miles de personas con discapacidad lleven viviendo desde hace años por una valoración a tiempo y una baremación actualizada.

Para ello, hemos formado una fila de personas para simbolizar y denunciar las intolerables esperas que deben asumir las personas con discapacidad para poder acceder a sus derechos debido a los retrasos existentes, tanto en la valoración del grado de discapacidad como en la implantación del nuevo baremo de discapacidad. Según datos de la Generalitat, en Catalunya hay 40.000 personas en lista de espera, 28.154 pendientes de la primera valoración y 11.764 esperando la revisión del grado de discapacidad.

Este acto, organizado con motivo del Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, ha contado con la participación de algunos integrantes de Amputats Sant Jordi, una representación de COCEMFE Barcelona, encabezada por su presidenta Montserrat Pallarès, quien junto a las personas que actualmente permanecen a la espera de su valoración o que se renueve el baremo actual, han exigido poner fin a esta situación.

Durante sus intervenciones se ha denunciado que no recibir una valoración o una revisión del grado de discapacidad a tiempo perjudica a las personas con discapacidad en el empleo, la educación, la accesibilidad, la salud y también les impide acceder a prestaciones que compensan la desigualdad de oportunidades.

En concreto, COCEMFE, Amputats Sant Jordi y el resto de entidades hemos explicado que el tiempo de espera es variable dependiendo de la comunidad autónoma en la que nos encontramos, pero incluso dentro de un mismo territorio o una misma provincia encontramos diferencias notables al respecto. En la misma ciudad puedes encontrar un tiempo de espera medio de 11 meses y personas que tardan hasta 36 meses en conseguir tener la valoración. En los casos más graves, hay personas que han fallecido antes de tener la resolución y han estado durante todo este tiempo de espera sin recibir apoyos en el momento en que más los necesitaban.

El Movimiento Asociativo de COCEMFE, del que forma parte Amputats Sant Jordi, pone el acento en la importancia de concreción y rapidez en estos trámites para saber si las personas con discapacidad tendrán o no acceso a ciertas prestaciones o medidas de apoyo. A todo ello, se suma el nuevo baremo de discapacidad, cuya espera asciende a más de 20 años. En este sentido, destacaron la urgencia de poner en marcha el nuevo baremo del grado de discapacidad, que fue consensuado entre organizaciones con el gobierno central y las comunidades autónomas.

Aunque el nuevo baremo no es ideal, porque no aporta certezas sobre su despliegue y no indica qué elementos incorporará ante los grandes retrasos en la valoración y revisión del grado de discapacidad y de la infradotación de recursos en los servicios, que dificulta y condiciona la implantación; es necesario que se ponga en marcha porque incorpora mejoras para el reconocimiento de situaciones vinculadas a la discapacidad orgánica, como la fatiga o el dolor, enfermedades reumatológicas o enfermedades que cursan con brote.

Esta fila ha formado parte de la campaña #EsperaYDesespera de COCEMFE, que ha sumado hoy de forma simultánea un total de 18 filas frente a edificios públicos repartidos por España que han protestado contra esta desesperante espera y contra el impacto que provoca en el ejercicio de los derechos de miles de personas. Esta campaña está financiada a través de las subvenciones para la realización de actividades de interés general consideradas de interés social de la convocatoria del 0,7 del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.